El gobernador de Quintana Roo quiere que se permitan obras en manglares
CANCÚN, Quintana Roo; 6 febrero 2007.- A su regreso de España, el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, insistió en que la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) que prohíbe dañar los manglares de México debe ser revisada para que permita la construcción en zonas de humedal, como piden los empresarios turísticos. Acusó al Congreso de la Unión de haber aprobado “al cuarto para las doce” las reformas a dicha ley.
El mandatario estatal suavizó su postura inicial, consistente en pedir el veto al decreto que adicionó un artículo 60 TER y un segundo párrafo al artículo 99 de la LGVS, mismo que fue publicado el primero de febrero en el ‘Diario Oficial de la Federación’ y que cobró vigencia a partir del día siguiente.
Esta vez habló de “perfeccionar” dicha ley, a fin de que algunos de sus artículos posibiliten el aprovechamiento de los manglares, porque se averiguó que “en ninguna legislación del mundo existe una ley en la que, textualmente, se prohíba instalar infraestructura en áreas de humedales”.
Luego de participar en la Feria de Turismo de España, donde ofreció garantías para nuevas oportunidades de inversión a importantes cadenas hoteleras, González Canto aseguró que el gobierno federal “vio con muy buenos ojos” el desplegado que pagó en la prensa nacional, y en el que aparecen otros 15 mandatarios de estados costeños pidiendo que el decreto mencionado no se publicase en el Diario Oficial.
Sobre ello, indicó que hubo un compromiso de la Federación para instalar mesas de discusión a través de las secretarías de Turismo (Sectur) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En tanto, el alcalde de Solidaridad, Carlos Joaquín González, quien también estuvo en la comitiva que viajó a España, subrayó que diversos inversionistas ibéricos externaron, primero, su preocupación personal al presidente de la República, Felipe Calderón, por la entonces posibilidad de que las reformas a la LGVS fuesen publicadas y, luego, manifestaron su extrañamiento porque finalmente entraron en vigor.
La preocupación de empresarios internacionales y nacionales se sostiene del temor -dijo- de que los proyectos que tenían pensados para la Riviera Maya se vean afectados.
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